Alan García no es un perseguido político y debe responder ante la justicia peruana

Alan García entró a la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Lima el sábado 17 de noviembre y solicitó asilo aduciendo una persecución política en su contra. Advertimos a la opinión pública y a la comunidad internacional que esta pretensión no tiene asidero. Horas antes de solicitar asilo el propio García se allanó públicamente a las investigaciones del sistema de justicia y declaró que se quedaría en el Perú. Aquellos dichos desbaratan su nueva tesis de la persecución. Lo que habría suscitado este súbito cambio de actitud sería la decisión de su exviceministro, Jorge Cuba, de acogerse a la colaboración eficaz, lo cual probaría que no es una persecución política lo que teme García sino la delación de sus excolaboradores.

 

Las investigaciones en curso que involucran al Sr. García no tienen que ver con sus ideas políticas sino con delitos de corrupción relacionados al incremento injustificado de su patrimonio, al financiamiento irregular de su campaña presidencial y al otorgamiento irregular del proyecto Metro de Lima en su segundo mandato (2006-2011) donde se habría incurrido en colusión agravada y lavado de activos. El Sr. García habría recibido coimas bajo la modalidad de pagos por conferencias internacionales que provendrían de la Caja 2 de Odebrecht. Es en el marco de esta última investigación que se le ha dictado impedimento de salida del país por 18 meses.

 

Esta no es la primera vez que García pretende evadir sus responsabilidades con la justicia peruana. Luego de su primer mandato esperó fuera del país la prescripción de los delitos que se le imputaban y, más recientemente, evitó -con una acción de amparo- que un informe del Parlamento sobre otorgamiento ilegal de indultos a narcotraficantes pudiera ser acogido por la Fiscalía para abrir una investigación.

 

Por otro lado, es importante remarcar que son varios los ex presidentes, ex candidatos y líderes políticos procesados por corrupción en torno a obras de infraestructura sobrevaloradas y pago de coimas por parte de empresas constructoras como Odebrecht. En este contexto, y con una vigilancia ciudadana permanente, el sistema de justicia ha empezado a investigar a quienes siempre fueron intocables, generando la esperanza de que la Justicia por fin se abra paso.

 

Los peruanos seguiremos exigiendo que todas las investigaciones lleguen hasta el final respetando el debido proceso y la separación de poderes.

 

Confiamos en que el Gobierno uruguayo no otorgará asilo a quien debe responder por delitos de corrupción en el Perú.Llamamos a las autoridades y al pueblo de Uruguay, así como a la comunidad internacional, a respaldar esta lucha contra la corrupción y la impunidad, en defensa de la justicia y la democracia.

 

19 de noviembre 2018

 

Movimiento Nuevo Perú