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El Fujimorismo y la bancada de gobierno en contra de los trabajadores

Esta mañana la Comisión de Presupuesto y cuenta general de la República del Congreso aprobó el artículo 6 del Presupuesto del año 2019. Ese artículo limita el derecho de los trabajadores del sector público a negociar colectivamente incrementos salariales. El texto, aprobado con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular y Peruanos Por El Kambio, prolonga una situación de abuso hacia los trabajadores que ya cuentan con sentencias del Tribunal Constitucional a su favor.

La aprobación del artículo fue rechazada por las bancadas del Nuevo Perú y del Frente Amplio, que decidieron votar en contra. Nuestro congresista, Alberto Quintanilla, fue el crítico más enfático y recordó que esta aprobación desconoce un derecho de los trabajadores consagrado en la Constitución, ya que le otorga al MEF herramientas para bloquear la negociación colectiva.

El Tribunal Constitucional, en sentencias recaídas en los expedientes 003-2013-PI/TC 004-3013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC, determinó que las limitaciones contenidas en el artículo 6 del Presupuesto son inconstitucionales. Por eso sorprende que la bancada de gobierno, que en el caso de otras sentencias como la referida a la “Ley Mulder”, instan a respetar las decisiones del TC, pero se nieguen a respetar las sentencias cuando éstas reconocen los derechos de los trabajadores peruanos. También resulta contradictorio que Fuerza Popular vote a favor de la ley de negociación colectiva en el sector público, pero a su vez otorgue herramientas al MEF para burlar la misma.

La bancada Nuevo Perú exigió que el Pleno del Congreso no apruebe el artículo 6 del Presupuesto 2019 pues vulnera derechos fundamentales de más de un millón de trabajadores del sector público y que los congresistas cumplan con las sentencias del Tribunal Constitucional.

Mejoramos el marco legal para luchar contra la violencia hacia las mujeres

Esta semana se publicó en el Diario oficial El Peruano la ley 30862. Esta ley, que tiene como base proyectos presentados por nuestros congresistas Indira Huilca y Oracio Pacori, ayudará en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que alcanza niveles alarmantes en nuestro país.

 

La norma permite considerar como “violencia patrimonial” contra mujeres y niños el no pago de la pensión de alimentos y, además, que las víctimas denuncien una agresión sin necesidad de presentar evidencias físicas ni resultados de exámenes y pericias físicas y/o psicológicas.

 

La ley aprobada también permite mejorar la protección hacia las víctimas, ya que en muchas ocasiones la agresión llega a niveles mayores luego de las denuncias. Ahora los juzgados tendrán que entregar medidas de protección a las víctimas de forma más rápida. Además la ley garantiza la prioridad de los casos de violencia severa y explicita la posibilidad de que las autoridades lleguen hasta los domicilios para proteger a los y a las denunciantes. En caso de que los agresores sean miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas, exige a estas instituciones que retiren el permiso de portar armas.

 

Un detalle que esta ley no pasa por alto es la garantía de presupuesto, ya que todas las medidas aprobadas no se pueden materializar sin el apoyo económico del Estado. La ley incluye el diseño de un programa presupuestal que permita el cumplimiento de estas medidas.

 

Por un Perú libre de violencia hacia las mujeres y los niños ¡Seguimos trabajando!

Firmes contra el blindaje fujimorista a Becerril y Chávarry

Este lunes 15 de octubre la Comisión Permanente del Congreso se reunió para debatir los informes de acusación contra el congresista Héctor Becerril y el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Los informes, elaborados por los congresistas César Vásquez y Juan Sheput respectivamente, recomendaban destituirlos e inhabilitarlos. En el caso de Becerril también solicitaba acusarlo por Tráfico de influencias y Cohecho activo genérico. A pesar de existir pruebas en contra de los denunciados, la mayoría fujimorista y sus aliados del APRA lograron imponer su mayoría y liberarlos de toda acusación.

Nuestros representantes en la Comisión Permanente, los congresistas Richard Arce y Horacio Zeballos, fueron firmes en rechazar este blindaje. Ellos solicitaron que la Comisión corrija la decisión de la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde la mayoría fujiaprista recomendó archivar las denuncias. Luego de esa corrección sería el Pleno del Congreso el que evalúe todas las pruebas y acuerde las sanciones contra los denunciados, totalmente desacreditados ante la ciudadanía y cuya permanencia en sus cargos solo genera descrédito para el Congreso y la Fiscalía.

Nuestro vocero, el congresista Richard Arce, recordó que este blindaje se asemeja mucho al que intentó imponer el fujiaprismo en el caso de César Hinostroza y exigió que los informes sean debatidos. “Aquí venimos a debatir, no solo a votar. Si solo vamos a votar, ustedes son mayoría. Votemos de una vez y que se blinde a los corruptos”, expresó en su intervención. Por su parte el congresista Horacio Zeballos cuestionó los argumentos del fujiaprismo para archivar las denuncias. “Este es un proceso político, no un proceso judicial. Aquí lo que quieren hacer es un blindaje. Hay pruebas contundentes en estos casos”.

A pesar de nuestra enérgica protesta, el fujimorismo selló el blindaje a Becerril y a Chávarry. Denunciamos ante la opinión pública esta actitud que deja un mensaje de impunidad a la ciudadanía y anunciamos que seguiremos luchando para que ambos acusados no escapen de la justicia. En el caso de Héctor Becerril, nuestro representante en la Comisión de Ética, el congresista Edgar Ochoa, insistió y logró que se inicie una indagación preliminar contra Héctor Becerril, indagación que debería culminar en una sanción.

Bancada Nuevo Perú expresó su preocupación por la intervención en Tumán al Ministro del Interior

Esta mañana cientos de efectivos de la Policía Nacional ingresaron de forma violenta a la azucarera Tumán. Buscaban garantizar el cumplimiento de una orden judicial que otorga el control de la azucarera a una empresa vinculada a Edwin Oviedo, personaje que por años habría usado sus nexos en el Poder Judicial para mantener el control de la empresa. Esos nexos han quedado al descubierto al conocerse los “audios de la corrupción”, en los que Oviedo es un actor central.

 

Ante este hecho, la bancada Nuevo Perú se pronunció en defensa de los trabajadores. Nuestro vocero parlamentario, el congresista Richard Arce, se comunicó personalmente con el Ministro del Interior, Mauro Medina, y con el Director Nacional de la Policía, Richard Zubiate, para expresarles su preocupación por la violencia ejercida. Pidió que la policía evite el uso de la fuerza y que respete el legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse. El ministro se comprometió a informarse de todos los detalles de la intervención y a garantizar que la policía actúe sin exceder sus atribuciones.

 

El vocero de Nuevo Perú, también mostró su preocupación por el fallo judicial. “Preocupa orden emitida por el poder Judicial para que el Grupo Oviedo asuma el control de la ex hacienda Tumán, cuando Edwin Oviedo es investigado por la Fiscalía”, escribió el congresista Arce en sus redes sociales.

 

Fallos tan polémicos como este, que favorecen a personajes cuestionados, no ayudan a mejorar la confianza de la población en el sistema de justicia.

 

Gabinete Villanueva no atiende problemas de fondo

Tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra asumió la presidencia en un escenario de podredumbre política, incremento del desempleo, repunte de la pobreza, conservadurismo y violencia de género alarmantes. Desde el Nuevo Perú afirmamos en aquel momento que, para superar esta crisis generalizada y estructural, el gobierno de Vizcarra tenía la tarea histórica de iniciar una transición hacia una democracia de y para la gente con reformas profundas y urgentes.

 

Sin embargo, transcurrido un mes bajo la presidencia de Vizcarra, el gabinete se somete hoy al voto de confianza exhibiendo improvisación, continuismo económico, concesiones al fujimorismo y escaso impulso a la política social. Más allá de la retórica y expresión de buenas intenciones, no vemos voluntad política de encarar la crisis con cambios integrales. Por ello, desde el Nuevo Perú reiteramos la urgencia de que se asuman estos cambios que el gabinete Villanueva ha obviado:

 

  • Profundizar la lucha contra la corrupción: Ello implica cambiar los mecanismos que facilitan e institucionalizan la corrupción, como el actual esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), el abuso de las adendas en los contratos, así como revisar los contratos con las empresas involucradas en casos de corrupción. Se debe garantizar la autonomía del Sistema de justicia y revertir el ilegal indulto a Alberto Fujimori como señal de deslinde con la corrupción y la impunidad.

 

  • Asumir la reforma del sistema político electoral de manera integral: Las actuales reglas de juego permiten que los mismos corruptos se turnen el poder valiéndose de dinero ilícito que se lava en las campañas electorales. No podemos seguir poniéndole parches al sistema electoral, es hora de una reforma integral para poner fin a la penetración del dinero ilícito en la política y cerrarle el paso a los corruptos y personajes ligados el narcotráfico y otras actividades ilegales.

 

  • Reactivar la economía para la gente. Las estructuras productivas y el agro están quebradas y se han entregado nuestros recursos estratégicos a los privados, incluyendo el Mar del norte. Es urgente anular las concesiones de lotes petroleros que dio PPK el día de su salida, así como reorientar el proceso de reconstrucción del norte del país, dotándolo de recursos suficientes con protagonismo de las autoridades regionales, locales y la población organizada. Debemos acabar con las exoneraciones tributarias millonarias a grandes empresas como mineras, bancos y universidades privadas para recuperar e invertir esos recursos en salud, educación y diversificación productiva. No podemos seguir dependiendo de la minería imponiéndola con estados de emergencia inconstitucionales -como en Cusco o Apurímac- que deben anularse inmediatamente.

 

Desde el Nuevo Perú, continuaremos trabajando para que estas reformas se hagan realidad y sienten las bases de un nuevo pacto entre peruanos que se consagre en una nueva Constitución. Junto a las mujeres en su lucha por un país libre de violencia y con igualdad plena de derechos, los pueblos indígenas, agricultores, trabajadores y trabajadoras de todas las regiones fortaleceremos nuestras propuestas para construir un Perú nuevo, más justo y emancipado, que logre en su bicentenario su segunda y definitiva independencia.

 

¡RECUPEREMOS EL PERU CON LA GENTE!

 

 

Movimiento Nuevo Perú

Mayo 2018

Congreso no debatirá ninguna ley relacionada a los derechos las Mujeres

Luego de la sesión del Consejo Directivo, la mayoría de bancadas avala que en el Pleno del 8 de marzo de 2018, Día Internacional de las Mujeres, no se discuta ningún tema referido a sus derechos aunque hay dictámenes listos que esperan ser debatidos desde diciembre de 2017.

 

El 6 de febrero pasado, la congresista de Nuevo Perú Indira Huilca Flores solicitó que se considere la convocatoria a un “Pleno Mujer”, sesión temática del Pleno del Congreso en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mismo que se convocó el 8 de marzo de 2017 durante la presidencia de la congresista Luz Salgado Rubianes, y en el que se debatieron proyectos de diferentes bancadas relacionados a los derechos de las mujeres como el recorte de beneficios penitenciarios a agresores (Ley 30609), la reforma de los procesos judiciales de paternidad extramatrimonial (Ley 30628) y la reforma en los alimentos para que se considere el trabajo doméstico que hacen principalmente las mujeres (Ley 30550). Los plenos temáticos permiten enfocar en la emisión de normas para la garantía de los derechos de quienes son la mitad de la población del Perú.

 

No faltan proyectos para mejorar los derechos de las mujeres, falta la voluntad política de que sean priorizados. La bancada de Nuevo Perú ha pedido también en la sesión de Consejo Directivo celebrada hoy que se agenden tres dictámenes:

 

  1. Mejoras en los delitos de agresiones y lesiones contra las mujeres y grupo familiar y en el delito de feminicidio: Dictámenes de los proyectos de ley 176/2016-CR, 178/2016-CR, 347/2016-CR 877/2016-CR, 1026/2016-CR que está listo para Pleno porque las Comisiones de Mujer y Justicia ya emitieron sus dictámenes en 2017.
  2. Fortalecimiento de la Ley 30364 de violencia contra mujeres y grupo familiar y otras normas conexas: Dictámenes de los proyectos de ley 62/2016-CR, 348/2016-CR, 471/2016-CR, 473/2016-CR, 788/2016-CR y 1405/2016-CR que está listo para Pleno porque las Comisiones de Mujer y Justicia ya emitieron sus dictámenes en 2017.
  3. Fortalecimiento de los delitos contra la explotación sexual: Dictamen del proyecto de ley 1536/2016-CR para la reforma del Código Penal, Código de Ejecución Penal, la Ley contra el crimen organizado y la Ley que otorga facultad fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en relación a los delitos de explotación sexual. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó dictamen favorable sustitutorio en 2017 y que debería ser exonerado de la Comisión de la Mujer y Familia que no lo debate desde el año pasado.

 

La propuesta de “Pleno Mujer 2018” ha sido respaldada por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, cuya Presidenta, congresista Alejandra Aramayo Gaona, ha dirigido un oficio a la Presidencia del Congreso respaldando el pedido de la congresista Indira Huilca.

 

El Congreso tiene una deuda con las mujeres. Vemos a diario casos terribles de violencia física, sexual y de feminicidios y la ciudadanía reclama que las normas sean adecuadas a la magnitud de la problemática. Estamos en emergencia frente a la violencia y eso amerita el compromiso parlamentario y de todos los poderes públicos. No más medidas populistas, necesitamos signos concretos. #NiUnaMenos

 

7 de marzo de 2018

Acusación Constitucional contra Mercedez Araoz y Enrique Mendoza

Las y los Congresistas de la Bancada Nuevo Perú, en uso de las facultades señaladas en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, anunciaron que presentarán mañana una acusación constitucional por infracción a la Constitución contra la Premier Mercedes Aráoz Fernández y Enrique Mendoza Ramírez, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

 

Frente a la ratificación de ambos ministros en el #GabineteDeLaImpunidad, se plantea que Aráoz y Mendoza sean investigados por su participación en el proceso que concluyó con la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS que otorgó indulto y derecho de gracia por supuestas razones humanitarias a Alberto Fujimori Fujimori.

 

En el caso de la Premier Aráoz se le acusa de infligir la Constitución faltando al deber de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública estipulda en los artículos 38 y 39 de la Constitución, pues negó a la ciudadanía todo el proceso de indulto el jueves 21 de diciembre pasado, a pesar de que diversos medios de comunicación han dado cuenta de que personalmente habría participado en coordinaciones al respecto. Asimismo, como jefa del Gabinete Ministerial, debe asumir la responsabilidad por las infracciones constitucionales cometidas en el Ministerio de Salud, que cambió a escondidas -a inicios de diciembre de 2017- los lineamientos para designación de la Junta Médica penitenciaria en caso de Gracias Presidenciales por Razones Humanitarias, sin que se publique la norma ni en la web del Ministerio, ni en el Diario Oficial El Peruano.

 

En el caso del ministro Enrique Mendoza denunciamos que el sector a su cargo faltó a los deberes de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública negando el trámite de indulto, pese a que desde inicios de diciembre de 2014 el INPE -dependencia de su sector- emitió los primeros informes que sustentaron la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS. El ministro Mendoza ha violado la Constitución al refrendar la Resolución Suprema que concedió el derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori “respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes”, con un texto que sobrepasa el artículo 118, numeral 21 de la Constitución que señala expresamente que el derecho de gracia solo aplica “en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

 

Por último, Mendoza ha violado la Constitución al refrendar la Resolución Suprema que incumple el marco legal vigente. La Ley N° 28760 prohíbe el indulto y el derecho de gracia a personas condenadas por secuestro, uno de los delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado en contra de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. A esto se suman los incumplimientos de las normas que regulan el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias y los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales vigentes.

 

Los hechos expuestos constituyen infracciones de los artículos 38, 39, 118 inciso 21, 128, 139 inciso 22, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

 

 

Lima, 9 de enero de 2018.

Comisión de Ética del Congreso perdió legitimidad

Ayer y hoy varios Congresistas de la República han decidido renunciar a la Comisión de Ética del Congreso luego de que los fujimoristas que la integran se negaran a investigar la vergonzosa intervención de Luz Salgado, Héctor Becerril y Rosa Bartra en el allanamiento a los locales de Fuerza Popular el pasado jueves. Saludamos el retiro de estos parlamentarios ya que esta comisión ha perdido legitimidad.

 

Nuestra Bancada ha dejado clara su posición al exigir sanción para estos congresistas que no respetan la independencia de los poderes del Estado e intentaron amedrentar a los fiscales durante una diligencia judicial. Su lugar aquel día era en el Congreso y no entorpeciendo un allanamiento que se hizo acorde a todos los requisitos que exige la ley.

 

Además reiteramos nuestro pedido para que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, renuncie a su cargo, ya que ha quedado claro que existe un grave conflicto de interés. Una persona que dificulta investigaciones no puede estar a cargo de una comisión investigadora en la que su propio partido está envuelto.

Bancada Nuevo Perú se reunió con la Premier Mercedes Aráoz

 

Esta tarde los integrantes de la Bancada Nuevo Perú se reunieron con la Premier Mercedes Aráoz, quien llegó hasta el Congreso para conversar con nuestros representantes sobre el pedido de facultades que hará el Poder Ejecutivo.

La reunión se produjo en el marco de la ronda de diálogos que la representante del gobierno sostiene con los distintos grupos parlamentarios. Los temas abordados fueron: Lucha contra la corrupción, recuperación económica y atención de desastres. Nuestros congresistas le expresaron a la premier las preocupaciones de la población que han conocido de cerca como parte de su labor parlamentaria.

Tras terminar el encuentro, la Bancada Nuevo Perú afirmó que evaluará el apoyo al pedido de facultades del Gobierno y tomará una decisión acorde con nuestro objetivo de favorecer a todos los peruanos y peruanas.

Fujimorismo y PPK imponen presupuesto con prepotencia

Luego de prolongar la sesión durante cuatro días por razones inexplicables, el fujimorismo y sus aliados del partido de gobierno aprobaron un presupuesto de espaldas a la gente, que persiste en los errores de siempre, hipotecando nuestro desarrollo al cambiante precio de los minerales y olvidando la promoción del mercado nacional a través de más inversión para los peruanos.

 

Negándose a debatir la versión que negociaron durante días con Peruanos Por el Kambio, los fujimoristas impusieron su mayoría y lograron aprobar una ley de presupuesto a pesar de las quejas de los congresistas del Nuevo Perú, cuyas críticas expresadas en un dictamen en minoría no fueron tomadas en cuenta para este documento. Por eso nuestra Bancada votó unida en contra de este atropello.

 

Condenamos la actitud prepotente del fujimorismo que perjudica a la gran mayoría de peruanos, pues este presupuesto persiste en su carácter centralista y privatizador al concentrar la mayor capacidad de inversión en el gobierno central y dejar en manos de las APPs la inversión pública. Denunciamos también que este presupuesto da la espalda a los trabajadores peruanos al negarles su derecho a la negociación colectiva y, en cambio, se somete a los intereses privados, pues mantiene las exoneraciones tributarias para las grandes empresas.