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Justicia corrupta y machista: Peligro para las mujeres

Nuestro país afronta una de las peores crisis políticas y sociales desde el fin de la dictadura fujimorista, una crisis de régimen en la que las instituciones del Estado neoliberal pierden legitimidad evidenciando su captura por las mafias y el poder del dinero, afectando a su vez la vida de todas las personas.

El audio en el que el juez Hinostroza negocia la sentencia del violador de una niña y otras denuncias contra miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, evidencian como estos corruptos y machistas negocian con la vida de las niñas y las mujeres, trafican con sentencias que absuelven a violadores, dejan libres a los agresores, muestran como reina la impunidad en nuestro país y como se niega la justicia particularmente ensañándose con las mujeres.

A pesar de cientos de mujeres movilizadas y en las calles, de medios de comunicación más comprometidos contra la violencia hacia las mujeres y algunas tímidas medidas de parte del Gobierno, las mujeres siguen siendo asesinadas, habiéndose incrementado los feminicidios, las denuncias de abuso sexual, de violencia física sexual y psicológica en las cuales la gran mayoría de víctimas son menores de edad.

Se necesita con urgencia cambios de fondo para reducir estas cifras de terror, transformar y recuperar el Estado para que asuma un rol preponderante contra la violencia machista. Junto a ello, los medios de comunicación deben dejar de reforzar estereotipos machistas y la ciudadanía tiene que seguir movilizada. Por ello este 11 de agosto las mujeres nos volvemos a movilizar, por tercer año consecutivo para decir ¡Ni Una Menos!, exigiendo:

  • Una Reforma Integral del Sistema de Justicia con enfoque de género.
  • La revisión inmediata de todas las sentencias en materia de violencia de género, en particular las de violencia sexual, emitidas por la Sala que presidía el juez César Hinostroza Pariachi; y la destitución inmediata del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry.
  • Aprobar presupuestos adecuados que permitan el efectivo cumplimiento de la Ley N° 30364 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género.
  • Trabajo y bienestar para todas las mujeres, asegurando derechos laborales y sociales cambiando este modelo económico que enriquece a pocos y se sostiene principalmente en la explotación a las mujeres.
  • Garantizar autonomía sexual y reproductiva, libertad sexual, vida libre de violencia, igualdad y no discriminación, y el derecho de las mujeres en su diversidad y autoidentificación étnica, a decidir sobre nuestros cuerpos y la maternidad elegida.
  • Justicia y reparación para las mujeres que sufrieron violencia de género durante el conflicto armado de nuestro país.

 

Por justicia, por libertad, por nuestros derechos, por los de nuestras niñas y las futuras generaciones, porque anhelamos un Nuevo Perú libre de violencia machista, de impunidad y corrupción todas a las calles.

MOVIMIENTO NUEVO PERÚ

Marcha ¡Ni Una Menos!

Parque Washington Sábado 11 de agosto 2.00pm

Bancada Nuevo Perú expresó su preocupación por la intervención en Tumán al Ministro del Interior

Esta mañana cientos de efectivos de la Policía Nacional ingresaron de forma violenta a la azucarera Tumán. Buscaban garantizar el cumplimiento de una orden judicial que otorga el control de la azucarera a una empresa vinculada a Edwin Oviedo, personaje que por años habría usado sus nexos en el Poder Judicial para mantener el control de la empresa. Esos nexos han quedado al descubierto al conocerse los “audios de la corrupción”, en los que Oviedo es un actor central.

 

Ante este hecho, la bancada Nuevo Perú se pronunció en defensa de los trabajadores. Nuestro vocero parlamentario, el congresista Richard Arce, se comunicó personalmente con el Ministro del Interior, Mauro Medina, y con el Director Nacional de la Policía, Richard Zubiate, para expresarles su preocupación por la violencia ejercida. Pidió que la policía evite el uso de la fuerza y que respete el legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse. El ministro se comprometió a informarse de todos los detalles de la intervención y a garantizar que la policía actúe sin exceder sus atribuciones.

 

El vocero de Nuevo Perú, también mostró su preocupación por el fallo judicial. “Preocupa orden emitida por el poder Judicial para que el Grupo Oviedo asuma el control de la ex hacienda Tumán, cuando Edwin Oviedo es investigado por la Fiscalía”, escribió el congresista Arce en sus redes sociales.

 

Fallos tan polémicos como este, que favorecen a personajes cuestionados, no ayudan a mejorar la confianza de la población en el sistema de justicia.

 

Bancada Nuevo Perú frustró blindaje fujimorista a Héctor Becerril y Guido Aguila

Hoy se desarrolló la segunda sesión de la Comisión Permanente del Congreso en esta nueva legislatura. Los parlamentarios de la bancada Nuevo Perú, a través de su vocero Richard Arce, alertaron de la intención de la bancada Fuerza Popular de blindar a Guido Águila y al congresista fujimorista Héctor Becerril al no incluir las acusaciones contra ellos en la agenda de la comisión.

 

El único punto agendado para hoy era la acusación del Ministerio Público contra los consejeros de la CNM, que fue aprobada ayer. La celeridad con la que se toca este tema dista mucho de la lentitud con la que se procesan otras acusaciones, como la presentada por la congresista del Nuevo Perú, Indira Huilca, contra Héctor Becerril, que fue declarada procedente el 24 de julio y hasta el momento no era vista en la Comisión Permanente.

 

Por eso, nuestro vocero parlamentario, congresista Richard Arce, argumentó que era necesario dar muestras claras de lucha contra la corrupción incluyendo también las acusaciones contra Guido Aguila y Héctor Becerril en la agenda de hoy. “Aquí hay una denuncia constitucional contra el congresista Becerril, que el 24 (de julio) fue admitida ¿por qué no se ha agendado el día de hoy? ¿se va a blindar al congresista Becerril? Es de vuestro partido de Fuerza Popular, pero eso no significa blindaje, seamos respetuosos con la población, que nos está mirando para ver que vamos hacer frente a la corrupción”. En otro momento, se refirió también al trato preferente que se le estaba dando al ex consejero Guido Aguila “Parece que se está protegiendo al exconsejero Guido Aguila porque se ha cumplido con todos los procedimientos, las denuncias en su contra ya han sido admitidas, y no se está considerando. ¿Por qué el trato preferente a él y al congresista Becerril?” Señaló enfático, el vocero de la bancada de Nuevo Perú, quien finalmente logró que ambas acusaciones sean incluidas y aprobadas.

 

Así, la bancada Nuevo Perú evitó que se concrete un nuevo blindaje de Fuerza Popular. Ahora la sub-comisión de acusaciones constitucionales deberá definir al congresista encargado de elaborar el informe de acusación contra Aguila y Becerril, que será presentado a la representación congresal en un plazo máximo de 15 días.

A recuperar el Perú y la democracia para la gente

En los últimos días los peruanos y peruanas hemos escuchado con estupor cómo jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –la institución que nombra y asciende a los jueces y fiscales- arreglan los concursos para favorecer a su gente, contratan personas y empresas para pagar favores y blindan a sus socios políticos. Escuchamos con indignación cómo uno de ellos incluso negocia con un caso de violación a una niña de 11 años, ofreciendo rebajar la pena al violador o incluso declararlo inocente.

 

Desde el Movimiento Nuevo Perú hemos exigido que estos jueces y miembros del CNM dejen sus funciones inmediatamente y que se les investigue y sancione en los fueros correspondientes para que nunca más vuelvan al Sistema de justicia. Así mismo, hemos planteado que se detengan todos los nombramientos u otras decisiones de este CNM para impedir que los corruptos intenten blindarse.

 

Sin embargo, sabemos que no estamos ante casos aislados sino ante mafias que han cooptado el Sistema de justicia y redes de tráfico de influencias para blindar a los corruptos, incluidos a los que están involucrados en el caso Odebrecht. Por eso, se debe reestructurar completamente el CNM para purgarlo de los corruptos y establecer mecanismos de selección de sus miembros que den garantías de probidad y transparencia.

 

Pero la crisis y la corrupción no están solo en el CNM. Todo el sistema está podrido. Hubo crisis y corrupción en todos los últimos gobiernos, las hay en el Congreso, en el sistema electoral y en el sistema de justicia. Nuestra democracia está secuestrada por bandas de mafiosos y lobistas que solo se preocupan por sus negocios e impunidades. Amparados en las reglas establecidas en la Constitución del 93 quieren seguir rematando nuestros recursos mientras nos dejan migajas, explotando a los trabajadores, exonerando impuestos a los grandazos mientras le suben el combustible a las familias, negándole justicia a las víctimas de la corrupción, de la violencia y del machismo, negándole educación integral y para la igualdad a nuestros hijos, negando la historia y falseando la memoria.

 

No podemos esperar que ellos mismos cambien esta situación que han generado y mantenido. No lo van a hacer. Por eso los ciudadanos debemos organizarnos, movilizarnos y exigir que se vayan todos los corruptos y recuperar el Estado y la Democracia para la gente, con nuevas reglas que se consagren en un nuevo pacto entre peruanos: una nueva Constitución. Salgamos todas y todos a las calles este 19 de julio en la Jornada Nacional de Lucha para recuperar el Perú.

 

 

¡Nuevas elecciones con nuevas reglas!

¡Nueva Constitución para un Nuevo Perú!

 

MOVIMIENTO NUEVO PERÚ

10 de julio 2018

Revalorando el rol y profesión de los maestros y maestras

La educación pública en nuestro país se encuentra en una situación crítica.  La infraestructura de muchas escuelas es deplorable y la inversión estatal por estudiante es de las más bajas de América Latina. El Estado no garantiza una educación gratuita y de calidad para todos, sino apenas la “libertad” de los padres de “elegir” los centros educativos en los que estudiarán sus hijos. Ante el abandono de la escuela pública, los padres optan por centros privados. Es decir, se promueve la mercantilización de la educación y no se garantiza el derecho a la misma. Esa es una de las reglas que deben cambiarse en la Constitución  para darle futuro a la niñez peruana y salir de la crisis en la que se encuentra el sistema educativo.

 

Esa crisis también se evidencia en la situación del magisterio. Pese a que el gobierno se comprometió a incrementar la remuneración docente a 1 UIT al 2021 no se evidencian avances concretos. Tampoco se aprecian mejoras en la implementación de la carrera pública magisterial, que no prioriza la capacitación del profesor, incrementa la cantidad de maestros contratados y mantiene el sesgo punitivo en las evaluaciones. La carrera pública magisterial debe mejorar integralmente, revalorando la profesión docente y priorizando su capacitación permanente.

 

A esta grave crisis se suma la existencia de sectores políticos conservadores y religiosos, que encuentran en el fujimorismo su vocero político natural, interesados en imponer su visión sesgada de la historia y sus creencias particulares.  El MINEDU debe garantizar que los niños y niñas reciban una educación basada en la realidad y la evidencia científica, histórica y pedagógica, una educación en y para la igualdad.

 

Desde el Nuevo Perú, consideramos que, para superar la actual crisis educativa, es urgente realizar cambios constitucionales, cambios en las reglas de juego. La educación no puede ser vista como mercancía y debe responder a una política de Estado que garantice los recursos y presupuestos necesarios. También afirmamos, como lo hicimos durante la huelga docente del 2017, que ninguna “reforma” puede sostenerse en la precarización de las y los docentes, con maestros desvalorizados y estigmatizados como los culpables de las falencias de la educación pública. En ese sentido, nos solidarizamos con los y las maestras que vienen luchando por una mejor educación y condiciones de trabajo, y exigimos que el gobierno dé cumplimiento a los compromisos asumidos el año pasado, revalorando su rol y su profesión.

 

Contamos con los maestros y maestras del Perú para garantizar que los niños y niñas reciban una educación de calidad, con enfoque intercultural y de género, con perspectiva crítica, innovadora y solidaria.

 

Movimiento Nuevo Perú

6 de julio del 2018

Para un Gobierno y un Congreso de la gente y para la gente

Tras la salida de PPK, desde el Nuevo Perú afirmamos que, para superar esta crisis generalizada y estructural, el gobierno de Vizcarra tenía la tarea histórica de iniciar una transición hacia una democracia de y para la gente con reformas profundas y urgentes. No se trata, pues, de un caso aislado sino de una corrupción generalizada en la clase política y empresarial, promovida por las reglas de juego electorales y un sistema consagrado en la Constitución del 93 que ha permitido el secuestro de nuestra democracia por parte del poder económico.

 

Le planteamos, entonces, al Sr. Vizcarra y al país, la necesidad de enfrentar decididamente la corrupción, cambiando los mecanismos que la facilitan e institucionalizan, de reactivar la economía de la gente y de promover una reforma electoral integral para poner fin a la penetración del dinero ilícito en la política y cerrarle el paso a los corruptos, lobistas y narcos.

 

Sin embargo, el Sr. Vizcarra ha preferido simplemente “voltear la página” como si la crisis política no existiera. Ha optado por el continuismo económico pretendiendo enfrentar la baja recaudación tributaria afectando a las familias peruanas antes que cobrar las millonarias exoneraciones a las grandes empresas. Ha pretendido una “gobernabilidad” en las alturas dándole concesiones a un fujimorismo cada vez más arrebatado que ha hecho del Congreso su chacra, caja chica y agencia de empleo, y que protege a congresistas vinculados con el narcotráfico y la corrupción.

 

Con un gobierno débil y sin rumbo y una mayoría parlamentaria más preocupada por sus gollerías y su impunidad, nuestras instituciones se debilitan y pierden legitimidad ante la ciudadanía. Con justa razón, miles de peruanas y peruanos se han movilizado en las últimas semanas expresando su repudio a esta política y a estas prácticas. Desde el Nuevo Perú adherimos a la aspiración de cambio de la gente, respaldamos las movilizaciones que se han llevado a cabo de manera pacífica y las que se preparan en las próximas semanas.

 

Esta situación no da más. Pero esta crisis no se resolverá con salidas facilistas o autoritarias, requiere una salida profundamente democrática en manos del pueblo soberano: NUEVAS ELECCIONES CON NUEVAS REGLAS. Si no se cambian las reglas electorales previamente tendremos que elegir entre los mismos de siempre, los que han generado esta crisis, y nuevamente se impondrán como siempre los que más dinero tienen o lo reciben de sus financistas (grandes empresas, narcotráfico, actividades ilegales, etc.). Necesitamos una reforma electoral para abrir y renovar la política a nuevas voces y sectores hoy excluidos, cerrando el paso al dinero sucio, al narcotráfico y a los lobistas que luego cobran el favor con obras a dedo o leyes a medida.

 

Es tiempo de recuperar nuestro Estado y nuestra Democracia para la gente y avanzar hacia un diálogo nacional que encamine un nuevo pacto entre peruanos, sobre la base de la soberanía, la justicia y la igualdad, consagrado en una nueva Constitución para un Nuevo Perú.

 

 

¡Nuevas elecciones con nuevas reglas!

¡Nueva Constitución para un Nuevo Perú!

 

MOIMIENTO NUEVO PERÚ

7 de junio 2018

Por los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente

Entre el 2008 y 2009 el gobierno de Alan García aprobó numerosos decretos legislativos dirigidos a parcelar y privatizar los territorios indígenas, desencadenando actos de protesta en diferentes partes del país. Estado no brindo atención adecuada ni oportuna a los persistentes y legítimos reclamos planteados por los pueblos indígenas amazónicos, muy por el contrario, su respuesta fue una violenta represión cuyo lamentable hito culminante fue el llamado “Baguazo”, acaecido un día como hoy 5 de junio del 2009, con el lamentable saldo de 33 personas fallecidas, 1 desaparecido y 200 heridos.

 

A nueve años del este terrible suceso que enluto a familias, las acciones por “modernizar” el régimen de propiedad de los territorios de los pueblos indígenas ha sido continuadas por los sucesivos gobiernos, menoscabado sistemáticamente sus derechos. A ello se suma, las múltiples modificaciones en el campo penal, que han venido criminalizando la protesta social. Por ello, exigimos el pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de todos nuestros pueblos, y en particular de los pueblos indígenas cuyas voces han sido históricamente relegadas.

 

Creemos en un Perú en el que la justicia nos haga reconciliarnos entre peruanos/as y en el que todos los responsables de sucesos como el de Bagua, sean finalmente sancionados. Creemos en un país en el que el Estado cuide el medio ambiente, garantizando que la inversión sea ambientalmente sostenible y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. El derecho a la consulta previa debe ser efectivamente ejercido, especialmente en los territorios donde se desarrollan actividades extractivas.

 

Demandamos al Estado y a las autoridades de sus distintos poderes, a realizar una labor que fortalezca los lazos con la ciudadanía, que se reconozca la diversidad étnico cultural que existe en nuestro país y que lo enriquece, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. El crecimiento económico no puede ir reñido con la dignidad de las personas ni puede ser a costa de devastar el planeta, la única casa común que tenemos.

 

¡Bagua Nunca más!

¡Por los Derechos de los Pueblos Indígenas!

Por la defensa y cuidado del medio ambiente

¡Basta del abuso de exoneraciones tributarias!

El gobierno de Martin Vizcarra viene llevando a cabo un ajuste económico para enfrentar los problemas de recaudación tributaria del país. Así, empezó por reducir el gasto del Estado, y aprobó medidas de austeridad y recortes presupuestales. En estos últimos días ha aumentado el impuesto selectivo al consumo (ISC) al combustible (entre otros). Incluso su Ministro de Economía propuso imponer el Impuesto a la Renta a quienes, por tener un menor salario, se encuentran exonerados de este. 

 

Una vez más, ante problemas económicos, los gobernantes prefieren meter la mano al bolsillo de la ciudadanía, antes que hacer pagar a los grandazos que mantienen exoneraciones tributarias que han alcanzado 16 mil millones de soles anuales y muchas de ellas son producto de “lobbies” empresariales. Así, este gobierno y la mayoría fujimorista en el Congreso, pretenden mantener los privilegios tributarios que tienen grandes empresas de agroexportación, minería, universidades, banca, etc., empresas que están ligadas a los miembros de sus partidos como es el caso de José Chlimper, director de la agroexportadora Agrokasa, ex ministro de Agricultura de Fujimori, secretario general de Fuerza Popular y miembro actual del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).

 

Denunciamos también otras graves situaciones por las cuales el Estado deja de recaudar, como es el caso de los litigios por deudas tributarias. Empresas como Buenaventura, Backus, Telefónica del Perú, Cerro Verde, etc., han encontrado en la judicialización una trampa para no pagar tributos. Asimismo tenemos las devoluciones tributarias a las cuales las mineras se han acogido y por las cuales se les devolvió el año pasado nada menos que 6,000 mil millones de soles y que este gobierno pretende ampliar con el pedido de delegación de facultades.

Ante esta situación la ciudadanía ha empezado a manifestarse rechazando el gasolinazo. Este último jueves, Cusco realizó un contundente paro y, en los próximos días, la protesta popular continuará en otras ciudades. Una vez más, organizándonos y movilizándonos tendremos que hacer retroceder al gobierno para que deje sin efecto el ISC al combustible que afecta la economía de los que menos tienen. Las fuerzas populares y políticas del país, debemos exigir que se revisen y eliminen las exoneraciones tributarias abusivas, las devoluciones tributarias y se combata efectivamente la evasión y la elusión. Necesitamos recuperar esos miles de millones para reinvertirlos en salud, educación y diversificación productiva para la generación de empleo.

 

29 de mayo

MOVIMIENTO NUEVO PERÚ

¡No al paquetazo contra los que menos tienen!

Un escenario de esperanza se abre paso con la organización del pueblo. Nuestro país vive una grave crisis política por la corrupción. El caso Odebrecht develó un mecanismo de corrupción que vincula a nuestros últimos presidentes y a las principales fuerzas políticas que gobernaron con las empresas y el sector privado. Esa crisis produjo la vacancia de PPK por lobbysta y corrupto.

 

El actual Presidente, Martin Vizcarra, cuya gestión lleva dos meses, ha planteado un ajuste económico que implica subir impuestos (ISC), en particular al combustible, afectando así a toda la ciudadanía. A este paquetazo económico le siguieron declaraciones del Ministro de Economía, que propuso recaudar el Impuesto a la Renta a quienes, por sus pequeños salarios, aún no están afectos al mismo.

 

Este ajuste económico que afecta a los que menos tienen, contrasta con las enormes exoneraciones tributarias a grandes empresas (16 000 millones) y con las deudas que varias trasnacionales mantienen con el estado (Latam, Telefonica, Cerro Verde, etc.). Esta ha sido una constante en todos los proyectos políticos que han tenido el poder en el Perú. Una y otra vez, las crisis las pagan los pobres.

 

Junto a las organizaciones y la ciudadanía que ayer se movilizó en Cusco por el Paro Regional, queremos decir ¡Basta! Necesitamos cambios de fondo. Queremos una economía para la gente. Exigimos las reformas políticas y económicas necesarias para emprender un cambio real.

 

¡Junto al pueblo y la organización de los que luchan!

¡Por una Economía para la gente!

¡Construyendo con la gente una Nueva Constitución!

No a la campaña de negacionismo y acusaciones de terrorismo a voces opositoras

Ante la campaña de acoso y persecución, que señala como “terroristas” a líderes políticos y sociales críticos al actual régimen, desatada las últimas semanas por el fujimorismo fuerzas conservadoras y reaccionarias, el Nuevo Perú señala lo siguiente.

 

  • Rechazamos la arremetida represiva y negacionista emprendida por el fujimorismo, sectores militares y empresariales, con la amplificación y aval de los grandes medios de comunicación, que busca deslegitimar toda voz diferente a sus intereses, calificándola de “terrorista”. Esta campaña tiene como objetivo principal acallar toda voz que se oponga al modelo político y económico corrupto y decadente que siguen imponiendo, empobreciendo a las mayorías mientras los lobbys se llenan de dinero con nuestros recursos. En el Congreso, el Fujimorismo y sus aliados de turno ataca y “terruquea” al Nuevo Perú y al Frente Amplio y a nivel social, señalan y estigmatizan a líderes sociales con argumentos deleznables como lo planteado por el gerente de la Southern de que la población del Valle del Tambo es “genéticamente terrorista”. Rechazamos este permanente hostigamiento y advertimos que no nos callaran, seguiremos denunciando la corrupción enquistada en la política y a las mafias atornilladas en el poder que nuevamente buscan su impunidad.

 

  • Nos solidarizamos con todas las víctimas del conflicto armado que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000 desencadenado por los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y fue respondido por el Estado a través de las fuerzas armadas y policiales. Como Nuevo Perú deslindamos con el terrorismo y condenamos los crímenes atroces cometidos por los grupos terroristas, exigiendo sanción para ello. Al mismo tiempo, condenamos y exigimos sanción para los graves crímenes cometidos por sectores de las fuerzas armadas y policiales que en determinados momentos y lugares violentaron derechos humanos con la complicidad de sectores políticos y empresariales. El fujimorismo y sus aliados buscan negar lo que esta judicialmente probado, niegan que miles de peruanos fueron detenidos, torturados, y hasta desaparecidos, por ejemplo, en los hornos del Cuartel Los Cabitos de Ayacucho y en el Pentagonito. Los ataques al Lugar de la Memoria, las críticas a la Comisión de la Verdad, la estigmatización a los “hijos de” revelan este afán de reescribir la historia. Para que estos hechos nunca más se repitan necesitamos conocer la verdad, que se haga justicia y fortalecer una memoria de respeto a todas las víctimas.

 

  • Nos reafirmamos en nuestro compromiso por construir un país con democracia, dignidad y bienestar para todos y todas, donde prevalezca la justicia y el reconocimiento mutuo en condiciones de igualdad. Hoy los partidos involucrados en graves crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, los mismos que se enriquecieron de la corrupción de Odebretch y otras empresas quieren perpetuarse en el poder. Para lograr su objetivo, acusan de terroristas a quienes difieren de sus intereses e instalan mecanismos excluyentes que impiden la libre competencia electoral. Es urgente una profunda reforma del sistema político que incluya nuevas reglas de juego que permitan la participación de nuevas agrupaciones y liderazgos. Frente a la criminalización de la protesta social, el permanente “terruqueo” y las arremetidas negacionistas, seguiremos trabajando por construir una alternativa política de poder para nuestro pueblo y con nuestro pueblo. Vamos con esperanza a construir un nuevo Perú, diverso y profundamente democrático.

 

Nuevo Perú