DELIVERY: EL DRAMA DE TRABAJADORES PRECARIZADOS Y EN EMERGENCIA
Alejandra Dinegro Martínez
En medio de la crisis mundial causada por la pandemia del Covid-19, el gobierno peruano anunció que se estaba evaluando permitir el servicio de envío de comida a domicilio en lo que resta de la emergencia sanitaria. Finalmente, el jueves 23 de abril, el presidente anunció que a partir del lunes 4 de mayo, se reiniciarán algunas actividades como la venta de alimentos por delivery, pues es necesario reactivar la economía.
Si bien el virus se contagia sin distinguir clases sociales, los efectos inmediatos no son iguales para todos. Esta crisis nos muestra la terrible desigualdad estructural pre-existente en nuestro país. La presión de los grupos económicos más poderosos insiste en seguir precarizando las condiciones laborales actuales, sin importar que ello empañe la gestión nacional, que hace lo humanamente posible para mitigar el contagio y los efectos del coronavirus. Esta situación se complica ante la desaparecida presencia de la actividad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo.
En el rubro del delivery, se encuentran los repartidores de plataformas digitales como Glovo, Rappi, y Uber Eats. Se estima que al menos 13,000 personas trabajan en plataformas digitales en Lima Metropolitana y el Callao repartiendo comida a través de aplicaciones. En su mayoría, jóvenes cabeza de familia, pobres y migrantes. Este sector de la población económicamente activa se quedaría excluida luego de la prohibición anunciada por la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien comenta que la habilitación del servicio de delivery no incluirá a las plataformas digitales pues “no tienen una regulación en el país ¿Quién nos garantiza el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebran los protocolos? ¿a quién sancionamos?”. “No son formales”, acota.
La preocupación de la ministra es válida y es una tarea pendiente de este Gobierno. Hasta el momento el Estado no ha regulado la actividad que realizan los repartidores de estas plataformas digitales. En junio del 2019, dos congresistas presentaron propuestas legislativas para que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores de esta actividad, pero no se llegó –ni siquiera- a la fase de debate en el Congreso.
Por su parte, en noviembre pasado, el Ministerio de Trabajo creó un Grupo de Trabajo con el objetivo de «analizar la problemática sobre las condiciones de empleo de las personas que prestan servicios en plataformas digitales» (Resolución Ministerial N° 272-2019-TR). Este grupo tenía la función de plantear recomendaciones en los 90 días hábiles posteriores a su instalación, plazo que venció en marzo pasado. Este informe debería conocerse, ya que las recomendaciones serían útiles y podrían recogerse algunas para aplicarlas en estos momentos.
Desde antes de la pandemia, la situación de los repartidores es de informalidad y precariedad laboral: usan sus propias motos y/o bicicletas, gastan en combustible y usan sus propios celulares para cumplir con las entregas. Los ingresos los obtienen a través de comisiones por pedidos. El argumento de las cuasi-empresas digitales, para no reconocer un vínculo laboral, es que los aplicativos solo serían herramientas que usan repartidores. Es decir, se presentan como simples intermediarios sin asumir ninguna responsabilidad legal, laboral ni tributaria.
No obstante, esta actividad se desempeña bajo una exacerbada inestabilidad laboral, un control estricto sobre los horarios, rutas y precios de repartición que deben cumplir los repartidores. Si no se cumplen con los dictámenes de las apps, se procede a la desactivación de la cuenta, al descuento de sus puntos o algún otro tipo de sanciones que bien califican como hostilidad laboral. Sobre las mismas no hay derecho a réplica.
¿Qué hacen estas plataformas para garantizar la seguridad y derechos laborales de miles de repartidores? En el Perú Glovo ha realizado cambios en las tarifas de pago a los repartidores, reduciendo a menos de la mitad sus ingresos por pedido: de S/. 2.50 a S/. 1.20. Han reducido el pago por el tiempo de espera, les cobran quincenalmente entre 15 y 20 soles por estar suscritos a la plataforma. Se quedan con el mayor porcentaje de cada pedido. Ante un accidente mortal o leve, el seguro es letra muerta. No es efectivo, mientras te accidentes fuera del transcurso de un reparto.
El 22 de abril se manifestaron repartidores de Ecuador, España, Guatemala, Argentina y Costa Rica, pidiendo respeto a sus derechos laborales en medio de esta pandemia. Mientras tanto el Gerente de Glovo declara que solo en nuestro país han encontrado obstáculos. El obstáculo que mencionan se llama formalidad y les cuesta asumirla porque eso les exige asumir responsabilidades con el país y, por ende, con miles de repartidores a quienes, en estos momentos, les niegan la oportunidad de trabajar en condiciones dignas.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el porcentaje de restaurantes formales que estarían en capacidad de contar con sus propios repartidores. Según cifras de la ministra de Producción, Perú cuenta con un total de 220,000 restaurantes, de los que solo el 20% son formales.
Quienes hacen uso de estos aplicativos para ofertar sus productos son empresas de comida rápida –en su mayoría- como Mc Donalds, Bembos, Kentucky entre otras famosas y grandes cadenas de comida, las mismas que nos traen recuerdos terribles de como tratan a sus trabajadores ¿La ministra se referirá a estas empresas cuando habla de empresas formales capaces de cumplir normativas?
Es el Estado quien debería establecer parámetros especiales para que se aseguren la seguridad y la salud de repartidores y comensales. Se tiene que asegurar a los trabajadores por delivery quienes deben contar con sus implementos de seguridad sanitaria y hacerles seguimiento a los procesos no dejando esta crucial tarea a la “buena voluntad” de las empresas.
Es fundamental que tomemos consciencia y nos hagamos cargo de lo que producimos, de lo que consumimos y de las condiciones en las que nos relacionamos con los demás, porque no podemos permitir que la desigualdad y la injusticia social sigan sosteniendo nuestras vidas.