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EL COVID19 Y LA CRISIS DE RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO

EL COVID 19 Y LA CRISIS DE RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO

Mario Rios sobre el Coronavirus

El COVID 19 ha puesto de manifiesto la crisis de los sistemas de salud del mundo. Su presencia y rápida propagación está afectando, no solo la economía global, sino sobre todo las bases de la construcción del orden internacional. La forma de enfrentar la situación de crisis sanitaria por cada país  tiene el rasgo de las orientaciones políticas, de los pensamientos políticos e ideológicos que sostienen sus respectivos regímenes y los entornos culturales que representan cada sociedad. Para atender la epidemia el gobierno chino pudo organizar la respuesta pública a partir de tener un Estado centralizado y fuerte. Diferente fue la reacción de los países europeos, más dependientes de la industria del turismo,  que no pudieron tomar medidas inmediatas de inmovilización social, lo que los llevó a exponerse a los embates de un virus veloz cuya diseminación fue rápida y ocasionó el colapso de la capacidad de respuesta del sistema de prestacional de salud, obligándolos en la práctica a la selectividad en la atención con criterios diferentes a la medicina y orientados más por la escasez de recursos, como las UCIs, y los ventiladores mecánicos.

Por ello es relevante hacer un análisis de la respuesta del Estado Peruano frente al COVID 19, en el marco de un Estado debilitado, con líderes cuestionados por la sociedad, la mayoría de autoridades representativas con problemas judiciales por corrupción y con un proceso electoral reciente (Enero 2020) que determinó un nuevo parlamento con menos del 50% del voto la población electoral y con el sistema de salud colapsado. Nuestro sistema de salud, de orientación principalmente mercantilista, desregulado y con enormes carencias de recursos humanos, equipamiento e infraestructura, y con bajos niveles de gobernabilidad debe enfrentar esta pandemia.

La estrategia que establecía el Gobierno para reducir el impacto en infectados, hospitalizados, usuarios del UCI y muertos por el COVID 19, busca sostenerse en base a dos premisas básicas sobre las que trata de orientar el accionar del conjunto del Estado.

(A) La inmovilización social obligatoria, suspender el máximo de actividades y evitar el contacto entre los ciudadanos.

(B) Organizar la respuesta del sector salud, dotándole del máximo de equipamiento posible para atender a los que requieren hospitalización y atender en UCI con respiradores a los casos más graves.

Los aciertos y límites de la inmovilización social obligatoria

La medida de inmovilización social obligatoria ha sido un acierto del gobierno. Ha permitido frenar la disparada de propagación del virus y que su crecimiento sea más lento que en otras sociedades. Esto debería permitir ganar tiempo para organizar la respuesta a las necesidades de atención de la población contagiada que requiere hospitalización y el uso de UCI. El problema para el éxito son las condiciones  estructurales de la sociedad peruana que pueden atentar al cumplimiento adecuado de los objetivos de la emergencia sanitaria. Entre los problemas, es la falta de legitimidad del Estado, para organizar la sociedad peruana (País con democracia formal y no real para los ciudadanos, la gran mayoría excluido), economía nacional fundamentalmente informal, carencia de servicios básicos, (El 10% de la población sin agua y otros), etc. El enfoque del gobierno de buscar encarar esta emergencia sanitaria persistiendo en el molde de las políticas públicas neoliberales, es decir, compensación focalizada en función de la base de datos de sistema de focalización de hogares o ingreso de la población informal sobre la base de la información municipal puede hacer fracasar los objetivos de la emergencia sanitaria que es lograr mediante la inmovilización social obligatoria que se controle la propagación del virus.

Está claro que el Estado debería evitar los problemas burocráticos – administrativos que tiene por el bajo nivel de información sobre la economía en el Perú, no tener sistemas confiables para identificar a la población afectada y teniendo que garantizar el inmovilismo social debería dar un bono compensatorio universal[1] a todas las personas afectadas en sus ingresos producto de la cuarentena y entrega de los insumos para el acceso a agua y jabón de toda la población excluida de este servicio elemental.

Garantizar la respuesta epidemiológica (Prevenir y controlar la propagación), garantizar los servicios a los contagiados y evitar los daños colaterales.

Uno de los pilares del éxito de la estrategia es el diagnosticar, diagnosticar, diagnosticar, nos ha dicho el Ministro de Salud. Bueno si no tenemos ni las pruebas moleculares, recién están entrando las serológicas, con proceso de validación de por medio, muy difícilmente vamos a lograr este pilar. El diagnóstico y el seguimiento de la situación del virus en campo son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia sanitaria y establecer el cerco epidemiológico. El diagnóstico y el seguimiento de la situación del virus en campo son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia sanitaria y establecer el cerco epidemiológico. Lamentablemente esta que es una función esencial del Estado, no se ha logrado concretar por la falta de pruebas disponibles en el país. Por lo tanto, todavía estamos a ciegas en el seguimiento del virus.

El otro tema, es evitar que la centralidad y concentración del sistema de salud al priorizar los esfuerzos en el coronavirus 19, no pierda de vista el tratamiento del resto de condiciones de las personas dolientes en el país. Esto es particularmente grave si se trata de las enfermedades crónicas que requieren un permanente seguimiento de la condición del paciente y un alto uso de los servicios hospitalarios. El eje que se debe mantener es un equilibrio que evite el daño colateral, el giro en la intensidad de respuesta del sistema de salud no debe  tener como efecto colateral el crecimiento en mortalidad injustificada de los pacientes crónicos, más aún si estos son población vulnerable frente al propio COVID 19.

Conclusiones

Necesitamos garantizar el éxito de la medida de inmovilidad social, el Estado debe reorientar sus decisiones económicas y políticas con el objetivo de lograr el bien común. El Estado y el gobierno son  responsables de lograr el objetivo así como tener una estrategia adecuada con los insumos suficientes para evitar la alta tasa de mortalidad sin descuidar a las poblaciones afectadas por problemas crónicos del sistema de salud.

El país debe enfrentar un cambio profundo en las reglas de organización del sistema político – económico – social que implica el fortalecimiento del Estado y la priorización de la salud pública. La fragilidad que demuestra nuestro Estado para encarar problemas de salud en general y epidemias como las que estamos viviendo hacen más vulnerable el derecho a la vida y la salud al no tener un tejido social ciudadano que construya un país democrático con justicia social.

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